Si eres empresario en España, sabes que montar y hacer crecer una empresa no es tarea fácil. Pero lo que pocos te dicen es que, además de enfrentarte a la competencia, la burocracia y los desafíos del mercado, te vas a encontrar con una de las cargas fiscales más altas de Europa.
Según un informe de la Tax Foundation, presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el Estado se queda con el 28,9% de los beneficios empresariales, lo que es un 20% más que la media de la Unión Europea. Y esto no es algo que podamos ignorar.
¿Por qué es tan alto este porcentaje?
En términos generales, España aplica un tipo nominal del 25% en el Impuesto de Sociedades. Pero lo que realmente paga una empresa, después de deducciones y ajustes, es mucho más elevado. La deducción de intereses está limitada al 30% del EBITDA, hay zonas frías de deducción y un mínimo del 15% para grandes empresas a partir de 2023.
Como resultado, las empresas españolas no solo pagan más impuestos que sus competidoras europeas, sino que, a menudo, su margen se ve drásticamente reducido. Esto, como ya sabrán muchos empresarios, repercute en varias áreas clave: inversión, empleo y salarios.
Las consecuencias de una carga fiscal tan alta
Un fiscal tan alto tiene consecuencias muy claras:
- Menos inversión privada: Las empresas, que necesitan recursos para innovar y crecer, se ven obligadas a destinar una gran parte de sus beneficios a pagar impuestos, en lugar de reinvertir en su negocio.
- Menores salarios: Con menos margen para crecer, las empresas no pueden ofrecer mejores salarios a sus empleados.
- Menos creación de empleo: Una menor capacidad de inversión también implica menos creación de puestos de trabajo, lo que a su vez afecta el crecimiento económico.
¿El resultado? Un círculo vicioso en el que la presión fiscal reduce las capacidades de crecimiento de las empresas y frena el empleo.
El gran desequilibrio: ¿por qué las pymes pagan más que las grandes?
Aquí viene el problema: no todas las empresas son tratadas igual.
Según los datos de la Agencia Tributaria, las grandes empresas pagan solo un 7% efectivo de impuestos, mientras que las pymes tienen que hacer frente a un 12,2% (en algunos casos, hasta el famoso 25 %).
Esto se debe a que las grandes compañías aprovechan al máximo las deducciones fiscales, mientras que las pymes, con menos recursos y menos poder de negociación, absorben una carga desproporcionada. Esto crea una clara desventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas, que se ven ahogadas por una carga fiscal mucho más alta.
El impacto de esta fiscalidad en la competitividad
No es solo una cuestión de números. Este sistema impositivo afecta directamente la competitividad de las empresas españolas. La alta fiscalidad tiene un efecto negativo en la inversión en capital humano y tecnológico, lo que se traduce en empresas menos innovadoras y menos productivas. No es un secreto que la productividad empresarial en España es una de las más bajas de Europa.
Medidas adoptadas… y sus limitaciones
En 2025, el Gobierno anunció un alivio fiscal de 2.000 millones de euros, dirigido principalmente a pequeñas empresas. Esta medida incluye estímulos a la capitalización, una reducción gradual del tipo para microempresas y el mantenimiento de un 15% mínimo global para grandes empresas, como parte del pacto con la OCDE.
Sin embargo, la medida sigue siendo insuficiente para cambiar la dinámica de fondo. El verdadero desafío es redistribuir la presión fiscal de una manera que favorezca el crecimiento y la competitividad.
¿Qué pueden aprender otros países?
Mientras España sigue presionando a sus empresas, países como Irlanda (12,5%) o Reino Unido (19%) han logrado reducir esta presión fiscal, creando entornos mucho más atractivos para la inversión empresarial.
Es por eso que vemos una fuga de empresas tecnológicas y la ausencia de empresas de rápido crecimiento en el ecosistema español. Cuando el entorno no es favorable, el talento y las ideas se van a otros países donde los impuestos son más bajos y las oportunidades, mayores.
¿Qué se necesita para cambiar el rumbo?
El debate fiscal en España no puede seguir siendo superficial. Es hora de tomar decisiones estructurales, que no solo piensen en la recaudación, sino también en el futuro de la economía. ¿Qué reformas serían necesarias?
- Reducción gradual del tipo nominal del 25% al 22-23%, en línea con otros países europeos.
- Premiar la inversión real (en I+D, formación y digitalización) para fomentar la innovación en lugar de penalizarla.
- Limitar las ventajas fiscales de las grandes empresas para evitar la erosión fiscal y fomentar la competencia sana.
- Proteger a las pymes con tipos reducidos y sistemas fiscales simplificados, como los microregímenes que vemos en otros países.
Conclusión: es hora de repensar el modelo fiscal
España ha apostado por una recaudación excesiva sobre el tejido empresarial, y el resultado está claro: menos competitividad, menos inversión y menos bienestar para las familias.
La solución pasa por un cambio estructural en la política fiscal, un enfoque que favorezca a las empresas que generan valor, empleo e innovación. No podemos seguir exprimiendo a las empresas hoy para ganar recaudación mañana. Es necesario reequilibrar el sistema fiscal para que realmente impulse el crecimiento y la prosperidad de España.